Los contribuyentes, sufridos individuos de este mundo, vivimos constantemente «preparándonos» para lo que va a venir de nuestra querida administración pública, léase hacienda, seguridad social, etc.. Cada vez que los políticos de sientan a pensar debemos echarnos a temblar, como bien dice un refrán: «reunión de pastores…oveja muerta»
Y por desgracia es así, cada vez hacienda y la seguridad social «aprietan» más y más al contribuyente, aunque traten de convencernos de que los cambios son a mejor, incluyendo dos o tres medidas populares entre en global de fardos nuevos que cargan en nuestras espaldas.
Tenemos un claro ejemplo en las últimas medidas aprobadas para los autónomos en La Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, que, para empezar, no estoy de acuerdo ya con el título ¿urgentes? ¿por qué urgentes? si la situación del trabajador autónomo es la misma desde hace tiempo, si las medias que se han tratado venían siendo reivindicadas desde hacer tiempo, si llevamos meses esperando esta ley… en fin. Lo de urgente será porque, con las prisas, se han dejado en el «tintero» cosas muy importaste pendientes de estudio.
Las bondades de esta ley se han publicado en todos los medios de comunicación por lo que no me extenderé en ellas, solo aconsejar a nuestros lectores que se asesoren bien para conocer los entresijos de esta ley.
No me preocupan estas novedades sino algunas otras que pasan desapercibidas para los medios de comunicación y que originan mi post de hoy: la accesibilidad de la administración.
Tenemos una administración que cuando piensa en ser accesible solo piensa en escaleras mecánicas y en rampas por que, solo en eso se preocupa en ser accesible. En relación a la forma de comunicarnos con ella, cada vez es más inaccesible obligando a los administrados a hacer cada vez más gestiones por internet, eliminando progresivamente los servicios presenciales que realizan los funcionaros hasta llegar a exigir, por ejemplo, a todos los autónomos que se comuniquen con la seguridad social a través de un certificado digital que muchos no saben ni lo que es ni cómo obtenerlo.
¿Hasta qué punto tiene derecho la administración pública a exigir que todos los autónomos tengan ordenadores o dispositivos con acceso a internet o a tener conocimientos informática para interactuar con una administración que debe estar al servicio del administrado? No olvidemos que el uso de dispositivos con acceso a internet puede ser algo fácil para una gran parte de la población, pero para un autónomo «senior», dedicado, por ejemplo, al campo o a la artesanía, o al comercio, etc, puede ser una barrera infranqueable.
Creo que la administración debería frenar esta revolución tecnológica en la que está inmersa y entender que no es una empresa de «Silicón Valley» sino un ente al servicio del ciudadano y, en ese sentido, debería dejar elegir al administrado la forma que quiere dirigirse a ella dando igual importancia al servicio presencial y al telemático y dando la misma validez a la firma con certificado digital y a la firma manuscrita de un documento que pueda presentarse en papel en un registro.
Posiblemente todo esto responda también a una política de reasignación de funcionarios de la atención para destinarlos a labores de inspeccion. Pero eso, ya es otro cantar.
