En respuesta a la actual situación de crisis, el Gobierno ha comenzado a legislar con el objetivo de tratar de reducir las cargas administrativas que dificulten el desarrollo del comercio minorista. Así, destaca la entrada en vigor –el pasado 27 de mayo- del Real Decreto-ley (R.D.) 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
Con este RD, se pretende dinamizar el sector permitiendo un régimen más flexible de aperturas para aquellas actividades que se relacionan en su anexo. Para ellas, se eliminan todos los supuestos de autorización o licencia municipal previa, motivados en la protección del medio ambiente, de la seguridad o de la salud públicas, ligados a establecimientos comerciales y otros con una superficie de hasta 300 metros cuadrados.
De esta manera, se podrá iniciar la ejecución de obras e instalaciones y el ejercicio de la actividad comercial y de servicios con la presentación de una declaración responsable o comunicación previa, según el caso. En ella, el empresario declara cumplir los requisitos exigidos por la normativa vigente y disponer de los documentos que se exijan, además de estar en posesión del justificante del pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo.
El control administrativo pasará a realizarse a posteriori.
Quedan excluidas de este R.D. las actividades desarrolladas en establecimientos que impacten sobre el patrimonio histórico o sobre bienes de dominio público.
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